Pienso que, tal vez, cabría preguntarse, de quién depende la ciberseguridad de un país.
Lo hemos señalado en otras ocasiones (no recuerdo si en esta tribuna): si uno observa la situación con una lente de gran angular, resultará fácil concluir que la preocupación de los países por la ciberseguirdad es, proporcionalmente, mucho más intensa que la de las empresas.
Ciertamente, por el lado de los países, cabe la afirmación de que al menos uno de cada cuatro -en realidad, más- ya dispone de una estrategia de ciberseguridad.
Por desgracia, defender esa misma afirmación para el caso de las empresas, plantearía alguna que otra dificultad. (Hay que reconocer, en este sentido, que las empresas no se cuentan por decenas o escasos centenares, sino por millones; y, consecuentemente, llegar a iguales porcentajes va a llevar su tiempo).
Dicho esto, lo que también parece claro -en eso hay un consenso ampliamente generalizado- es que atajar la falta de ciberseguridad va a requerir del esfuerzo conjunto de los sectores público y privado.
De hecho, podría decirse que los países habrán de realizar un esfuerzo previo de persuasión de sus administrados -ciudadanos y empresas- en el sector privado.
Los ejemplos que hoy les muestro de España y el Reino Unido, ofrecen dos planteamientos diferentes, pero complementarios -y se me antoja que igualmente eficaces- para lograr el éxito en ese intento de persuasión.
¡Confiemos en que, una vez persuadidos, la tarea conjunta de unos y otros se demuestra igualmente eficaz y exitosa!